Tras los arrestos y las citaciones, Buzzi advirtió que "empieza una etapa de judicialización" y reclamó que la Justicia "no sea un instrumento del Gobierno"; Aníbal Fernández negó injerencia oficial
El conflicto con el campo sumó ayer un nuevo personaje a su reparto. Mientras la Prefectura detuvo en San Pedro a ocho productores que luego fueron liberados, dirigentes del agro y opositores fueron acusados por un fiscal de haber cometido delitos en un corte de ruta.
En este contexto, y tras casi tres meses de protestas, el presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi, reclamó hoy que la Justicia "se mantenga independiente y no sea un instrumento del Gobierno".
Pero rápidamente se encontró con la respuesta del Gobierno. El ministro de Justicia, Aníbal Fernández, negó hoy una injerencia oficial en la detención de los productores. No obstante, advirtió: "Esto no es un viva la pepa que cada uno puede hacer lo que quiera" en las rutas.
Nuevo capítulo. Buzzi calificó además de "sospechosa" la decisión del fiscal federal de San Nicolás, Juan Murray, quien citó a declarar a los presidentes de las cuatro entidades agropecuarias, a dirigentes políticos, y al intendente de San Pedro, Mario Barbieri, en una causa por un corte de ruta que tuvo lugar el 19 de marzo pasado.
"Nos citan por cortar una autopista, cuando hubo situaciones similares por todo el país, durante aquellos días de marzo", puntualizó. En consecuencia, concluyó que "empieza una etapa de judicialización de la protesta agraria".
"Estamos en presencia de algunos actores que resultan funcionales a la estrategia del Gobierno", agregó el dirigente.
El titular de la FAA también remarcó a radio Mitre que el próximo lunes en las ciudades del interior del país habrá "un día de protesta agropecuaria ampliada al comercio", pero aclaró que "no es un paro general". Precisó que esa situación se registrará en "las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos".
Por otro lado, sostuvo que "el martes empiezan los campamentos en las plazas de las ciudades cabeceras de los partidos para explicar el conflicto".
Citación. Con respecto a la citación judicial, Buzzi dijo que evalúa presentarse "antes del jueves", día en que fue convocado a declarar, y adelantó que podría hacerlo "incluso con los demás dirigentes" de las entidades rurales.
"Por supuesto que me voy a presentar, yo hubiera preferido incluso hacerlo el mismo lunes pero no sé si tendré tiempo (…) además tengo que hablarlo con los otros presidentes con los que también podríamos ir en conjunto", dijo Buzzi a Télam.
Al ser consultado sobre cuál será su estrategia indicó que "primero tengo que ver de qué se me acusa porque es curioso que un fiscal haya sido tan expeditivo con un corte de una autopista que duró sólo dos horas".
El Gobierno. "Qué tiene que ver con el Gobierno si son dos acciones judiciales", planteó Fernández, quien expresó que "es una denuncia que ni siquiera es del gobierno federal".
En contacto con radio Mitre, el ministro de Justicia cuestionó a los ruralistas que "se arrogan el derecho de cortar la ruta como se les antoja".
La Justicia. En tanto, el fiscal federal subrogante de San Nicolás, Juan Murray, sostuvo hoy que "no tiene ningún tipo de connotación política" la detención de ocho productores rurales por participar de un corte de ruta y opinó que "la Prefectura hizo lo que tenía que hacer", para evitar la obstrucción del camino.
Murray relató que las detenciones que tuvieron lugar ayer "fueron realizadas por la Prefectura Naval Argentina, el escuadrón Albatros y Guardacostas, destacado en San Pedro por el ministerio de Justicia y Seguridad -que encabeza Aníbal Fernández- para prevenir cualquier tipo de obstrucción o corte de la ruta".
Allí, el fiscal justificó el accionar de la fuerza de seguridad, al señalar que "hizo lo que tenía que hacer ante cualquier situación similar, un delito que se está ejecutando, debe proceder a hacer cesar el delito y detener a los presuntos autores responsables del mismo".
Una vez demorados los productores, "se comunicó a la Fiscalía" la acción, y "de acuerdo a las referencias telefónicas que me dio el personal de Prefectura sobre la situación, convalidé esa detención", explicó Murray a radio América.
Esas ocho personas "fueron puestas a disposición del juez federal Carlos Villafuerte Ruzo, quien consideró que había elementos de sospecha suficiente, como para recibir su declaración".
Al ser consultado sobre si existió presión política del Gobierno al momento de actuar, Murray se mostró molesto, y señaló: "Obviamente no es así". Además, calificó de "irrespetuosa" la pregunta sobre una presunta injerencia del oficialismo.
Texto www.lanacion.com
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