La política de revisión del pasado reaviva odios. Pero si se revisa la violencia de los años 70, hay que hacerlo en forma ecuánime y ponderada.Por: Carlos Saúl Menem Fuente:
EX PRESIDENTE DE LA NACION, SENADOR POR LA RIOJA
Un 25 de septiembre, 35 años atrás, una partida de terroristas de la organización Montoneros asesinaba en la ciudad de Buenos Aires al secretario general de la CGT, José Rucci. El crimen tenía el designio de eclipsar con sangre la formidable expresión democrática de la sociedad argentina que, 48 horas antes, en la primera elección sin proscriptos ocurrida en dos décadas, había otorgado el triunfo a la fórmula encabezada por Juan Perón y había dejado como jefe de la oposición al presidente del radicalismo, Ricardo Balbín, que venía de sellar un pacto de gobernabilidad con el líder justicialista, bajo el lema: "el que gana gobierna y el que pierde ayuda".
Era un golpe directo contra el propio Perón, sustituto del que no habían podido asestarle directamente. "Me cortaron las patas", sentenció el General al enterarse. Los crímenes no tienen justificación; el de Rucci, menos que ninguno. Veníamos de años de violencia fratricida y mucha de esa violencia se había ejercido tras la bandera de la lucha contra la usurpación o la dictadura. Pero el 25 de septiembre de 1973, cuando Juan Perón era ya presidente electo en comicios transparentes y cuando se preparaba un gobierno de unión nacional ("para un argentino, nada mejor que otro argentino"), de acuerdo social y de convivencia política, el asesinato no tenía ya coartadas para ampararse: era un acto de violencia desnuda, una cínica especulación de poder de los terroristas.
Ante un nuevo aniversario del asesinato, numerosas voces -muchas del movimiento obrero- se alzan para que el hecho sea considerado un crimen de lesa humanidad, un delito imprescriptible. No puede argüirse, como se ha hecho desde el gobierno, que esa categoría de crímenes sólo se aplica a acciones realizadas desde un Estado.
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional describe inequívocamente en su artículo 7.2, a esos crímenes como aquellos realizados "por un Estado o una organización política". Por otra parte, aún si se aceptara que para calificarlos así los crímenes deben ser realizados bajo el paraguas de algún Estado, investigaciones recientes (el libro "Operación Traviata") y testimonios públicos anteriores certifican que el asesinato de Rucci fue cometido con, al menos, apoyo logístico de un Estado provincial. Es que la organización terrorista que lo promovió estaba incrustada en el Estado nacional y en muchos Estados de provincia en los que, inclusive, controlaba total o parcialmente fuerzas de seguridad.
Durante mi primera presidencia, apostando con fuerza a una política de unidad nacional, yo resolví el indulto de oficiales de las Fuerzas Armadas y de dirigentes y cuadros de organizaciones terroristas que habían participado en los crueles enfrentamientos que dividieron a la Argentina en años anteriores. Lo hice sustentado en la ley (art. 99 inc. 5 de la Constitución ) y en la convicción de que hacía falta cerrar una etapa de odios y mirar adelante, pensando en la concordia y la reconstrucción nacional.
El régimen kirchnerista, desde que asumió en 2003, decidió una política de revisión del pasado. A mi juicio fue una resolución que no ha hecho más que reavivar odios y constituyó un maquillaje destinado a ocultar una corrupción monumental y un patético desgobierno.
Esa revisión ha sido, además, parcial, unilateral, más parecida a una venganza que a una actitud ecuánime y ponderada. Puesto que el camino que se ha impuesto es el de la revisión de la violencia de aquellos años, los delitos del terrorismo no pueden quedar al margen, protegidos por la tutela oficialista. Y está más que justificado, en ese sentido, considerar el asesinato de Rucci como un crimen de lesa humanidad (lo mismo que otros como, por caso, el del coronel Larrabure). Si vamos a revisar, no lo hagamos con un solo ojo.
Texto www.clarin.com
Foto www.larazon.com
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