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lunes, 23 de abril de 2012

La SIP le pidió al gobierno que frene el "hostigamiento" y "sus agravios a editores y periodistas

Tras su reunión en Cádiz, emitió dos resoluciones sobre la Argentina. Dijo que el Gobierno persigue y difama a la prensa independiente y que usa la publicidad oficial para castigar a los medios no afines. Y que Cristina Kirchner está "ensañada" con los periodistas.

Cristina Kirchner, “ensañada” con la prensa crítica. El Gobierno, una máquina de hostigar y agraviar a los periodistas que no adhieren a su discurso. La publicidad oficial, un sistema para castigar a los medios que no son afines. Esas son algunas de las durísimas frases con que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) cerró su Reunión de Medio Año en Cádiz, España.
Luego de tres jornadas de deliberaciones, la SIP clausuró su encuentro con dos resoluciones dedicadas especialmente a la Argentina. Una sobre cómo el Gobierno trata a los periodistas y otra sobre el manejo arbitrario de la publicidad oficial. Además de un documento general de la cumbre en el que también le dedicó varios párrafos a la Argentina.
“Los principales problemas que vive hoy la prensa americana se concentran en los crímenes contra periodistas por el solo hecho de ejercer su profesión y en gobiernos de origen democrático, pero autoritario, que utilizan los medios del Estado para perseguir y difamar a la prensa independiente”, comienza el documento principal de la SIP.
“Pero sin dudas Venezuela, Ecuador, Argentina, Bolivia y Nicaragua enfrentan un patrón de adversidades comunes a manos de presidentes arbitrarios e intolerantes que buscan acallar a la prensa crítica: numerosos medios del Estado realizan una campaña sistemática contra el periodismo independiente, la publicidad oficial es utilizada para premiar amigos y castigar medios no afines, la prensa es acusada de desestabilizadora y golpista por los máximos responsables de la administración nacional y los mandatarios están ensañados en sus discursos públicos con aquellos que levantan voces críticas identificando y descalificando por su nombre a los propios periodistas”, continúa.
En el primer documento dedicado exclusivamente a la situación de la prensa argentina, la SIP señala que “la información pública sigue siendo manejada en la Argentina selectivamente y como un bien privado, y que la misma se utiliza para discriminar a medios y periodistas, obstaculizando su tarea profesional”.
En cuanto a cómo se manejan los funcionarios a la hora de rendir cuentas, la SIP considera “que subsiste la ausencia de conferencias de prensa, lo que exime a los gobernantes del escrutinio público y les permite comunicar sólo los mensajes que les interesan”, una situación que “atenta contra el derecho de información de la sociedad”.
“Distintas oficinas del Gobierno argentino ejercen su poder estatal sobre los medios de modo discriminatorio, aplicando regulaciones y normas administrativas de manera selectiva, o bien sancionando y beneficiando a los medios de acuerdo a su línea editorial”, evidencia la resolución.
La entidad, formada por más de 1300 medios de todo el continente, se mostró preocupada porque “en los últimos meses se han multiplicado y agravado en la Argentina las agresiones contra periodistas por parte de altos funcionarios públicos, incluyendo desmesuradas acusaciones como la de desestabilizadores, mafiosos o antisemitas”. La frase hace referencia a un ataque de Cristina Kirchner contra columnistas de Clarín y La Nación.
Para la SIP “ese clima de hostigamiento emanado del poder político halla eco en otros ámbitos, como la dirigencia local o los grupos afines, llegando incluso a generar hechos de violencia física”. El caso más reciente es el del concejal Jorge Peña, de Candelaria, Misiones, que echó a trompadas a un grupo de reporteros que quería asistir a una reunión del Concejo Deliberante local.
“La misma actitud se refleja en los medios públicos, donde existen ciclos dedicados sistemáticamente a estigmatizar y hostilizar de modo selectivo a aquellos medios y periodistas que ejercen su tarea al margen de la tutela oficial”, dice.
Por ese motivo, los miembros de la SIP le solicitaron al Gobierno de Cristina Kirchner que cese “su política de hostigamiento y estigmatización de aquellos medios y periodistas no alineados con el sistema de comunicación oficial o paraoficial”. Y que los “funcionarios públicos y otros referentes del Gobierno abandonen sus frecuentes agravios a editores y periodistas”.
También, la SIP pidió que los medios públicos no sean utilizados “como herramientas de mera propaganda o bien de difamación de personas, grupos sociales o instituciones que expresan puntos de vista diferentes de los oficiales”. Y reclamó “un clima de tolerancia y diálogo”.
En un segundo documento dedicado a la Argentina, la SIP analizó la situación de la publicidad oficial. “En los últimos años se ha producido un incremento exponencial (…) y su distribución se ha hecho cada vez mas arbitraria, utilizándosela como mecanismo para subsidiar medios afines y castigar a los no adictos”, señala.
Y recordó que hace más de un año la Corte Suprema, en un fallo, le exigió al Gobierno que no excluya “arbitrariamente a un medio de la pauta oficial”. “Dichos fallos no están siendo cumplidos”, agrega.
El modo arbitrario y discriminatorio en que el Gobierno de Cristina Kirchner reparte la pauta publicitaria, “no es más que malversación de fondos públicos y abuso de poder del poder político”. Por eso, instó a la Presidenta que de “cumplimiento de los fallos judiciales” y ponga fin a “las prácticas de censura indirecta, concretadas a través de la asignación discriminatoria de recursos públicos, la aplicación selectiva y discriminatoria de leyes y decisiones administrativas o la manipulación de la información pública”.
Enfáticamente, pidió que deje de “utilizar la publicidad oficial como un sistema de premios y castigos, y a que adopten criterios objetivos y transparentes” para asignarla.
Texto y foto www.clarin.com

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