Impuso su número en el Senado y sancionó la Ley de Medios sin ninguno de los cambios que reclamaba la oposición. El Ejecutivo controlará la autoridad que regirá la radio, la TV y el cable; los multimedios son obligados a vender frecuencias en un año y no hay regulación de la pauta oficial. Así, los Kirchner apuestan a conformar un mapa de medios a su medida.El Gobierno de los Kirchner ya tiene la Ley de Servicios de Comunicación que pretendía y que le otorga un mayor poder sobre los medios. No hubo sorpresas en el Senado, donde el kirchnerismo impuso su mayoría para sancionar el texto tal como había llegado de Diputados, sin incorporar ninguno de los cambios que reclamaba la oposición para modificar sus artículos más polémicos y mejorar la norma.
Como se esperaba, el oficialismo contó con una holgada mayoría (tuvo 44 votos a favor y 24 en contra) para la aprobación en general de la Ley de Medios, gracias a su propio número y a apoyos extrapartidarios. Y, pese a que en la votación en particular sufrió unas pocas deserciones, tampoco allí sufrió sofocones. El proyecto –cuestionado por constitucionalistas y entidades periodísticas, entre ellas la de Editores de Diarios (ADEPA) y la AIR (Asociación Internacional de Radiodifusión), y empresarias, como AEA- fue aprobado sin cambiarle ni una coma a lo que salió de la Cámara Baja tras el trámite que apuró el oficialismo.
El proyecto que el Senado convirtió en ley después de casi 20 horas de debate tiene muchos puntos polémicos. Entre los principales está la conformación de la autoridad de aplicación de la norma (el organismo que vigilará la asignación de frecuencias de radio y TV y se encargará de la renovación de las licencias), en el que el Gobierno tendrá el control al poder elegir a hasta cinco de sus siete miembros.
La nueva ley, que divide el espectro radioeléctrico en tres partes iguales (una para el Estado, otra para medios comunitarios y el tercio restante, para los privados), omite además regular la publicidad oficial, lo que le da un mayor poder al Gobierno para presionar con la pauta a medios más débiles.
Uno de los aspectos que mayor polémica despertó está vinculado al poder que mantiene el Gobierno para adjudicar las frecuencias en ciudades de más de 500.000 habitantes. El senador santafecino Carlos Reutemann advirtió que esa potestad "avasalla el federalismo", mientras que su colega puntano Adolfo Rodríguez Saá ya anticipó que su provincia planteará su inconstitucionalidad. Es uno de los puntos sobre el que más advertencias hubo con respecto a futuras peleas judiciales.
También avanza sobre los actuales licenciatarios, obligándolos a desinvertir en un plazo de un año desde que la autoridad de aplicación establezca el mecanismo para que lo hagan, con lo que se descuenta que esas licencias deberán ser malvendidas y podrán ser compradas a precio de remate por empresas cercanas al poder, como, por otra parte, ya sucedió con radios y canales de TV. Senadores de distintos partidos coincidieron en que, así, la ley vulnera el derecho de propiedad y generará numerosos reclamos judiciales.
Otro aspecto cuestionado es la prohibición que establece para los propietarios de servicios de cable de tener canales de televisión abierta o producir más de una señal de cable, algo inédito en la legislación internacional.
Los senadores opositores, y en particular la salteña Sonia Escudero, señalaron varios aspectos más como inconstitucionales, sobre todo porque legislan en materias de las provincias o colisionan con tratados internacionales. O graves errores que van más allá de la forma, como el artículo que establece la revisión "bianual" de las licencias; María Eugenia Estenssoro se encargó de señalar que, tal como está, implicas que habrá dos revisiones por año, ya que una revisión cada dos años –tal como la planteada oficialmente- sería "bienal". Indefectiblemente, los planteos chocaron contra la sólida pared que conformó el oficialismo para evitar los cambios.
Desde su origen, el proyecto tuvo el nombre de su destinatario: apuntó específicamente contra el Grupo Clarín. Los ataques del Gobierno y sus partidarios comenzaron durante el conflicto con el campo. Se profundizaron durante la campaña para las elecciones legislativas de junio, cuando el ex presidente Néstor Kirchner popularizó su latiguillo de "¿Qué te pasa, Clarín?". Luego llegó la compulsiva reestatización de la televisación del fútbol. Y más recientemente aún, y tras otras agresiones, el injustificado operativo intimidatorio de cientos de agentes de la AFIP en la sede del diario.
La votación de la Ley se dio en un clima enrarecido por diversos motivos. Uno de ellos, ligado directamente a lo que pasó en el Senado: en muy pocos días, la cobista correntina María Dora Sánchez mostró un viraje de 180 grados y pasó de considerar el texto "un mamarracho" a votar a favor tanto en general como en particular; el cambio quedó envuelto en sospechas de estar ligado a la muerte de un empresario vinculado al gobernador provincial Arturo Colombi. Además, en los últimos días se conocieron los aprietes del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, sobre los representantes del Gobierno en Papel Prensa y su amenaza de expropiar esa empresa en la que son accionistas el Estado, Clarín y La Nación. Y, por si fuera poco, el ex presidente Eduardo Duhalde y su esposa, la senadora Hilda González, denunciaron que son espiados por la SIDE, sumándose a un grupo de jueces federales que ya habían hecho una denuncia similar.
En total, el debate en Senado se extendió por ... horas. La sesión estaba convocada originalmente para las 10, pero la chicharra sonó cerca de media hora hasta que el kirchnerismo logró que 37 senadores se sentaran en sus bancas. La primera exposición fue la del ultrakirchnerista Nicolás Fernández, quien defendió los artículos más polémicos del texto y, c omo la mayoría de los oficialistas que lo siguieron, sostuvo que la norma generará mayor "pluralidad", que la ley no regula contenidos y que la autoridad de aplicación da garantías de transparencia.
La votación de la ley en general llegó recién a las 2:27, después de que expusieran decenas de senadores que se cruzaron sobre todo por la cuestión de la seguridad jurídica, el control estatal, la conformación de la autoridad de aplicación y el respeto al federalismo. Luego siguieron otras cuatro horas durante las cuales la oposición insistió en pedir los cambios que reclamaba para mejorar la ley.
Casi desde el inicio del debate, el reclamo fundamental de los opositores y hasta del oficialista Guillermo Jenefes –que votó a favor en general pero apoyó varias modificaciones- fue que la Cámara alta actuara en su rol de revisora y aceptara cambios en el texto . Sin embargo, el oficialismo se mostró abroquelado en una posición intransigente e impuso sistemáticamente su mayoría para evitar tocar el texto de Diputados, tal como pretendían sus jefes políticos, Néstor y Cristina Kirchner, para conformar un mapa de medios a su medida y pavimentar sus sueños de cara al 2011.
Texto y foto www.clarin.com
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