Siguen sin arreglar la ruta en donde se mataron Los Pomar

Tras años de planes, meses de retrasos y reiteradas promesas incumplidas, funcionarios provinciales afirman que la reparación ya comenzó. Pero un relevamiento de Clarín muestra que no se hizo nada.

La única verdad es la realidad. La frase pasó a la historia en los labios de Juan Perón, pero hoy bien puede repetirse para desmentir a los funcionarios del ministerio de Infraestructura bonaerense. Aunque aseguran haber comenzado las obras de recuperación y bacheo de la ruta 31 –en la que hace siete meses se mató la familia Pomar– las fotos que ilustran la recorrida que Clarín realizó hace cuatro días por ese camino muestran una postal diferente: enormes cráteres en el suelo, olas de asfalto que autos y camiones deben surfear o esquivar cruzándose de carril; pavimento completamente gastado y cuarteado; falta de la elemental pintura que señale los carriles y las banquinas –excepto en las curvas y algunos puentes, donde regaron una escueta línea amarilla central– y un desamparo de carteles y señales tan grande que ni siquiera existen los mojones que marcan los kilómetros.

Está a la vista. Sin embargo, anteayer voceros del ministerio de Infraestructura respondieron un cuestionario de este diario, en el que aseguran que “la obra de recuperación y mantenimiento ha comenzado y está en plena ejecución. La empresa Hidraco la ha señalizado totalmente, y se encuentra bacheando y fresando la calzada en el tramo Carmen de Areco-Salto (el mismo que en la última semana Clarín recorrió dos veces), y la semana siguiente terminan de instalar la Planta Asfáltica para comenzar a colocar la carpeta de concreto asfáltico”.

La ruta provincial 31 se hizo famosa el 8 de diciembre del año pasado: después de 24 días de búsqueda, descabelladas versiones que echaban sospechas sobre los desaparecidos y una investigación judicial y policial inútil, el auto en el que viajaban Fernando Pomar, Gabriela Viagrán y sus dos hijitas había aparecido en una pequeña arboleda adyacente a esa ruta, por la que iban hacia Pergamino para reunirse con sus parientes. Las pericias determinaron que el Duna rojo se había despistado porque había pastizales que dificultaban la visión del conductor, la banquina estaba picada y el asfalto se encontraba en tan mal estado que las hondonadas se habían llenado de agua e hicieron que el auto se despegara del suelo y “volara” hacia el bosque en el que apareció volcado y con todos sus ocupantes muertos. ¿Fatalidad? Por supuesto. Pero también negligencia, imprevisión y una serie de promesas incumplidas, trámites bizantinos y obras tan urgentes como pendientes.

Días después de la tragedia, y ante el reclamo por el retraso de la reparación de la ruta 31 prometida varias veces, el director de Vialidad provincial Arcángel Curto le aseguró a Clarín que “sólo nos falta que el constructor ponga su garantía y empieza la obra. Calculo que en febrero se inician los trabajos”. No pasó nada. El 14 de mayo pasado, ante varios periodistas reunido en Salto, Curto repitió su hit: “A partir de hoy, en un plazo máximo de 30 o 45 días van a empezar los trabajos fuertes y visibles.” Ya pasaron 36 días, y el camino luce como lo muestran las fotos

Para justificar las dilaciones, Curto explicó que fueron robadas 60 toneladas de material acopiado junto a la ruta, y algunos carteles que habían comenzado a ponerse. Pero también sugirió que gran parte de las demoras se deben a los trámites que exige el Banco Mundial para financiar los préstamos del programa CREMA (Contrato de Reparación y Mantenimiento de rutas), con el que será costeado el 79% de los 58 millones de pesos que saldrá la obra. “Estamos en Argentina, con todos los dimes y diretes que tiene conseguir una financiación externa”, deslizó. “Si estuviéramos haciendo los primeros trámites ahora, las obras recién comenzarían dentro de dos años y medio o tres años”. Quizás habría que tener en cuenta este detalle –el tiempo que llevan los pasos administrativos del Banco, y las enormes demoras internas para realizarlos– a la hora de presentar proyectos ante el Banco, que ya aportó dinero para reparar 14.000 kilómetros de rutas nacionales otros 1.000 de rutas provinciales.

Porque el ingeniero Curto tiene razón. La restauración de la ruta 31 –una vía provincial que une las rutas nacionales 7 y 8– fue licitada por primera vez en noviembre de 2001, cuando el desborde de la laguna La Picasa derivó hacia ella miles de vehículos que fueron acelerarando su desgaste. En medio de la crisis económica, aquella licitación se suspendió. Cinco años después, el 30 de noviembre de 2006, el proyecto fue enviado al Banco Mundial para incluirlo en el programa CREMA, que desde 1997 venía financiando obras en rutas nacionales no concesionadas. A partir de aquel momento, dicen en Infraestructura, “fue necesario realizar tramitaciones adicionales (justificación técnica vial y económica, demostrar capacidad de pago del crédito por parte del Estado)”. Luego, el Banco también “revisó que se hayan cumplido las condiciones establecidas”.

Finalmente, la licitación de la obra se realizó el 17 de junio de 2009, dos años y medio después de que el proyecto se postulara para obtener financiación internacional. Desde entonces pasó un año más. ¿Qué ocurrió en este lapso? Se hizo un despacho de preadjudicación, que recorrió el espinel de los órganos estatales de control. Después la carpeta viajó a Washington, para que el Banco Mundial diera su “No objeción”. El 28 de diciembre se adjudicó la obra, y el 4 de febrero se celebró el contrato con la empresa ganadora, que debe repavimentar, señalizar y mantener por cinco años el tramo de 82 kilómetros que se extiende entre Carmen de Areco y Salto. Aún faltaba la vital Acta de Replanteo, documento que fija la fecha de inicio de las obras, a partir de la cual se cuentan los 18 meses que Hidraco tiene para terminar el trabajo. Acá hay otra contradicción: aunque el gobierno bonaerense dice que las obras ya comenzaron, en sus respuestas a Clarín admite que “a la fecha no se ha firmado el Acta de Replanteo”.

¿La última perla? Aunque suene incómodo, la Provincia se jacta de haber acelarado los tiempos del proceso, al menos desde la fecha de adjudicación. Literalmente: “Hasta el día de hoy –viernes 18 de junio, anteayer– en el trámite administrativo se han acortado los plazos en 24 días corridos respecto a los plazos legales establecidos”.

La investigación del accidente
¿Cómo se mataron los Pomar? Aún se investiga. En los próximos días se van a cotejar los restos de una raya de pintura blanca que atraviesa el Duna del lado izquierdo para verificar si corresponde a un patrullero: algunas versiones dicen que la noche de la tragedia un móvil de la Bonaerense habría chocado a los Pomar haciéndolos despistarse. Según esas versiones, el conductor de ese supuesto patrullero sería uno de los policías que deberían haber realizado los rastrillajes. Esos yerros son investigados en otra causa, en la que fueron procesados seis policías y están investigando a otros ocho, por violación de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica de documentos públicos. “Cuando terminen los juicios penales vamos a demandar por daños a la Provincia”, avisa Aquilino Giacomelli, abogado de la mamá de Gabriela Viagrán. “Y si la causa del accidente fue el estado de la ruta, iremos contra Vialidad.”

No hace falta la confirmación judicial para decir que la ruta 31 es un peligro. El titular de Vialidad bonaerense reconoció que el diseño es tan viejo que tolera una velocidad directriz de sólo 80 kilómetros por hora –dato del que ningún conductor puede enterarse por un cartel, para poder proteger su vida y la de sus pasajeros–. Con la próxima corrección de las pendientes, se podrá viajar seguro a 120 kilómetros por hora. Hace cuatro años, en el informe ambiental que integraba el lote de papeles para elevar al Banco Mundial, se decía que el tránsito diario promedio de la ruta era de 2.459 vehículos, de los cuales 53% eran camiones pesados. Desde entonces, la cantidad de autos y de camiones creció sin parar. Los riesgos también.

Texto y foto www.clarin.com